Durante el mandato de Gustavo Bordet como Gobernador, Entre Ríos dio un

paso trascendental hacia la mayor democratización de su sistema de

justicia penal, al implementar la ley de Juicio por Jurados cumpliendo

un mandato constitucional. Una reforma histórica que no solo generó y

sigue generando la participación del pueblo entrerriano en el

juzgamiento de los delitos con mayor pena, sino que también captó la

atención a nivel nacional e internacional, al ser una de las mejores

leyes del país.

La ley de Juicio por Jurados, que fue fruto del trabajo conjunto entre

el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo e instituciones

como el Colegio de la Abogacía, la Asociación de la Magistratura, el

INECIP, entre otras, posicionó a Entre Ríos como un referente en la

región, despertando el interés de países vecinos como Uruguay y Brasil,

así como de Estados Unidos donde esta modalidad, como es sabido, es ya

una tradición arraigada.

Son casi 100 juicios realizados con la participación de juradas y

jurados populares, más de 1000 entrerrianos y entrerrianas han tenido la

oportunidad ser parte directamente en la administración de justicia,

demostrando el compromiso cívico y la capacidad de nuestra ciudadanía

para desempeñar este rol crucial. Estos números no solo reflejan el

éxito de la implementación, sino también la robustez del sistema y la

confianza que los ciudadanos depositan en él. Sin embargo, vemos con

preocupación un proyecto de reforma de la ley tan reconocida que se

empieza a tratar esta semana en la Cámara de Diputados, que pretende

reducir la competencia del jurado, es decir que se juzguen menos

delitos.

Como legislador que formó parte de la creación y sanción de esta Ley

10746 -y autor de la Ley "Ser Jurado" (N°10.779) destinada a preparar el

pueblo entrerriano para ser jurado popular-, considero fundamental que

defendamos con firmeza el espíritu y el texto de la ley tal como fue

votada originalmente, pues en síntesis, ¿por qué modificar lo que

funciona bien?

Es importante que como sociedad también renovemos el compromiso de

proteger la ley vigente y hacer notar la inconstitucionalidad de quitar

delitos del juzgamiento como jurados, se pueden ampliar pero no

restringir una vez que el pueblo empezó a juzgar tales delitos. Es

imperativo que sigamos impulsando medidas que garanticen no solo el buen

funcionamiento del sistema, sino también el derecho irrenunciable de la

ciudadanía a participar activamente en la justicia. Este derecho no debe

ser erosionado, sino que, por el contrario, debemos asegurar que cada

vez más entrerrianos y entrerrianas tengan la oportunidad de ser parte

de este proceso que fortalece nuestra democracia.