Concretamente se trata de un embargo por “300 mil pesos aproximadamente que derivan de un juicio que es un apremio, es decir por Tasas Municipales, hacia el único instituto especializado en niños y neonatos de toda la región”, especificó Jauregui a Diario Río Uruguay.
En ese marco, el profesional subrayó que entiende esta situación como “una actitud incomprensible de parte del municipio, cuando se está haciendo esfuerzo para descomprimir los efectos de la crisis sanitaria a otros sectores y resulta inexplicable que hayan dado desde el Ejecutivo Municipal instrucciones para seguir adelante y trabar un embargo de estas características por una tasa a un instituto esencial en el medio de una pandemia”.
Jauregui apeló “al intendente para que tome cartas en el asunto de forma inmediata, a los fines de levantar ese embargo y solucionar esta situación, puesto que de lo contrario el instituto carece de posibilidades de operar y la región se queda sin un ente de estas características. Esto constituye una contradicción en materia de política sanitaria”.
En ese marco, el abogado recordó que el pasado año la clínica privada tuvo que hacer frente a otra situación judicial, donde fue el gobierno provincial quien intervino para resolver y destrabar esa situación.
“Ahora es el propio Estado a través del municipio el que pone en jaque la salud en una cuestión que hoy ya no es de orden privado, sino de orden público, porque se necesita mantener los servicios esenciales como estos”, concluyó.
