Durante la quinta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.
El objetivo de la norma, que se trató sobre tablas, es “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia”.
En ese sentido, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar contrataciones directas, al tiempo que se dispone un incremento de los créditos y partidas presupuestarias vigentes para las políticas alimentarias y se autoriza a realizar ampliaciones y modificaciones al Presupuesto con un incremento de un 50% como mínimo.
Además, la ley crea la Mesa de Diálogo Social en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, como órgano de participación y consulta, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo, las universidades, las organizaciones sociales e integrantes de la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.
El presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), sostuvo: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo y está muy ligada al derecho a la vida y a la dignidad humana. Al mismo tiempo, la inflación es un flagelo que nos atraviesa a todos, que daña fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Fue del 20,6% en enero y 254% interanual, el índice más alto de los últimos 33 años”.
Sarubi explicó que cuando asumió el actual gobierno provincial encontró 20.000 módulos alimentarios y ningún proceso licitatorio abierto, siendo que en 2023 la demanda había sido de 107.000 módulos. Agregó que las licitaciones demoran por lo menos seis meses, lo cual hace que fracasen debido al aumento de precios.
Laura Stratta (Más para Entre Ríos) argumentó que “esta es una declaración de emergencia de las más urgentes, porque el deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población se vio impactado muy fuertemente debido a la devaluación abrupta que implementó el presidente Javier Milei”. Resaltó además los aportes realizados por su sector político en el Senado.
Julia Calleros (Fe y Libertad), Roque Fleitas (La Libertad Avanza) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) manifestaron el acompañamiento de sus bloques a la iniciativa. En el mismo sentido se expresaron Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos) y Silvia Moreno (Más para Entre Ríos).
Educación pública
Por otro lado, se aprobaron distintos proyectos de declaración y de resolución. Entre estos últimos, los que peticionan al gobierno nacional por el financiamiento para las universidades, presentados desde los bloques Juntos por Entre Ríos y Más para Entre Ríos.
